El artículo III del Código Procesal Civil establece que la finalidad de un proceso judicial es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica.

En el Decreto de Urgencia 088-2000 y el DS 148-2001-EF, el Estado ha reconocido las obligaciones asumidas en el proceso de Reforma Agraria y expresado su voluntad de pagarlas. Este reconocimiento coincide plenamente con la pretensión de los expropiados, por lo que en el caso no existe conflicto de intereses alguno.

El Tribunal Constitucional, al sentenciar tres acciones de inconstitucionalidad, ha fijado el derecho de los expropiados a obtener el pago del valor actualizado de las prestaciones indemnizatorias más los intereses que correspondan de acuerdo a ley. Estas sentencias han sido integradas por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema; por lo que no existe incertidumbre de relevancia jurídica que deba ser sometida a proceso judicial.

Afirma el Ministro Carranza que es indispensable ir a juicio por cuanto en los registros del Ministerio de Economía, no existe deuda pendiente alguna por concepto de Reforma Agraria, y que corresponde a los jueces dirimir la incompatibilidad existente entre la pretensión de los expropiados y los registros del deudor.

La posición del Ministro desacata el mandato del Tribunal Constitucional, contraviene el expreso reconocimiento de la Ley y pretende otorgar relevancia jurídica al sistemático incumplimiento de la Constitución, la Ley de Presupuesto y la Ley del Sistema de Endeudamiento Público que lo obligan a mantener un registro actualizado de la Deuda Pública.

Ing. Fernando Sabogal Pérez

Vice Presidente

Luis HUguet Nicolini

Directores

Pedro Olaechea Alvarez Calderón

Alfredo Adrianzén Gereda

Ana María Sardón de Carpio

Miguel Seminario Seminario

Consultor en Deuda Agraria

Alfonso Chunga Ramírez

Informes: adaepra@hotmail.com

Que la Reforma Agraria no fue cometida para redimir a los campesinos, lo prueba la extrema pobreza a la que los condenó en 30 años. Tampoco se cometió para modernizar la producción conforme lo constatamos en nuestra creciente agrodependencia. Fue otro el motivo de aquel desatino, nada altruista y bastante trapero por cierto.

Ayer como hoy, la destrucción de las exitosas clases empresariales es la innoble misión que se impone una dictadura. Un tanque puede tomar palacio en una hora, pero mil tanques no pueden sostener a un dictador, si éste no asume el liderazgo del poder. Obviamente, las cimas del liderazgo están prohibidas a los minusválidos espirituales;  prohibición que los obliga a traerse abajo a los líderes empresariales, políticos o morales. Con todo en tierra, la grita y la bayoneta prevalecen. Es un procedimiento maniáticamente repetido en nuestra historia.

En la década del 60, el Poder era compartido por los agricultores nacionales y las empresas transnacionales dedicadas a la minería. Las decisiones políticas pasaban por su anuencia. Cualquier postulante a dictador tenía que derribar a esta clase empresarial para prevalecer en el Poder. En materia agropecuaria no podía argumentar ineficiencia productiva. El Perú era entonces un país líder en la exportación de productos agropecuarios, nuestros campos desarrollaban cultivos y crianzas con tecnología de punta y ostentábamos algunos récords mundiales de producción, calidad y rentabilidad. Apeló entonces, y plañideramente, al pretexto de la justicia social.

Prometiendo la tierra al que la trabaja, la dictadura de los 70 confiscó la propiedad empresarial agraria y consumó el exterminio político de la clase hasta entonces exitosa. Al mismo tiempo se cuidó de no formar una nueva clase con poder que remplazara a la anterior. Sólo así se explica que nunca entregara títulos de propiedad a los supuestos beneficiarios de la Reforma, ni les brindará respaldo para mantener los niveles de rentabilidad logrados por los empresarios. Aún a la fecha, sólo el 30% de la tierra se encuentra titulada. Excepción de Cuba, Perú es el único país del hemisferio donde el campesino no es dueño de la tierra. Los agricultores peruanos, son los únicos que no logran conformar un grupo de opinión, presión, ni mucho menos decisión. El propósito desquiciado de anular el poder político de la tierra se consumó en el 70, y extrañamente prevalece hasta hoy.

Aquel despojo fue cometido en el zenit de la popularidad de una dictadura demagoga. Treinta años después, y en el zafarrancho de su rompan filas, un gobierno bandidista pretendió reiterar la confiscación difiriendo el pago de aquellas expropiaciones para el año 2030; o admitiendo su pago inmediato en condiciones ominosas. A diferencia de la anterior, la reciente confiscación no tuvo intención política; se resignó a la filosofía de la tajada, la rutina de llevarse la torta porque la fiesta se acaba. La coincidencia entre ambas tropelías, fue negar a los afectados una instancia donde reclamar Justicia. No hubo Estado de Derecho en los 70, y fue minuciosamente desmantelado en la década del 90. Ahora lo aprendemos, los dictadores niegan la separación del poder y se afanan en concentrarlo, porque con todo el poder en una mano, pueden relajadamente llevarse la otra mano al bolsillo.

Al cabo de cuarenta años de confiscación, la burocracia moderna y global, convencida que esta obligación tiene que ser pagada, ha excluido la deuda de las cuentas nacionales, no la consigna en el Presupuesto de la República, oculta y destruye los escasos registros de los procesos expropiatorios y dispendia los recursos fiscales en la perennización de los juicios. Los especuladores a la caza de bonos en remate no podrían pedir una conducta que propicie mejor la incertidumbre.

1.       ANTECEDENTE

2.       RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION

2.2.             En el considerando tercero de la norma, el Estado reconoce: “Que, es conveniente dar solución a la situación existente y, en ese sentido, aprobar los mecanismos y establecer las condiciones para acreditación, reconocimiento y pago de las mencionadas deudas, solución que adicionalmente, permitirá regularizar la situación de propiedad respecto a los actuales poseedores.”.

2.3.             El 15 de julio del 2001, el Estado promulgó el Decreto Supremo No. 148-2001-EF, en el que reconoce:

·         su obligación de pagar los bonos de la deuda agraria,

·         su obligación de acatar la Sentencia del Tribunal Constitucional de marzo del 2001, y

·         la necesidad de acopiar la información relativa a la DIA  (Deuda Indemnizatoria Agraria).

2.4.             En el considerando segundo de la citada norma, el Estado reconoce: “Que dentro de las obligaciones del Estado peruano se encuentra pendiente el pago de las contingencias derivadas del proceso de Reforma Agraria llevada a cabo por el Estado peruano al amparo de las disposiciones legales del derogado TUO del DL 17716, sus ampliatorias, modificatorias y conexas, y del Decreto Legislativo No. 653.”.

2.5.             Las disposiciones del DS se concretaron en la conformación de una Comisión que acopió la información, proyecto el monto del valor actualizado de la DIA y propuso un proyecto de ley al Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo con aquella proyección, la fracción pendiente de pago de la deuda asciende a 10 mil millones soles aproximadamente.

De lo expuesto se concluye inequívocamente que, por ley, la DIA ha sido reconocida como Deuda Pública del Estado Peruano.

3.       EJECUCION JUDICIAL DE ACREENCIAS

3.1.             El Tribunal Constitucional, en tres sentencias, ha restablecido el derecho de los expropiados por Reforma Agraria, al pago del valor de la prestación indemnizatoria debidamente actualizado más los intereses que le corresponden de acuerdo a ley.

3.2.             La Corte Suprema, en fallo casatorio Nº 2755-01 del 27/08/2003, ha declarado la obligación de todos los jueces de la República de cumplir y hacer cumplir el mandato del Tribunal Constitucional en relación con la DIA.

3.3.             Como consecuencia de la jurisprudencia vinculante antes citada, el Poder Judicial viene tramitando alrededor de un millar de procesos judiciales que procuran el pago de la DIA; algunos de los cuales ya concluyeron y se encuentran en la etapa de ejecución de sentencia.

3.4.             Al 31 de diciembre del 2008, el Estado ha acatado mandatos judiciales de pagar, en no menos de veinte procesos. Los pagos son cargados al Presupuesto del Ministerio de Agricultura.

4.       OCULTAMIENTO DE INFORMACION

4.1.             El Artículo 7º, literal h, de la Ley General de Sistema de Endeudamiento Público 28563, establece que la Administración de la Deuda Pública, y en particular su registro, es competencia y obligación de la DNEP.

4.2.             La Constitución Política establece que la Ley Anual de Presupuesto no puede aprobarse sin consignar partida específica para atender la Deuda Pública.

4.3.             Sin embargo de lo expuesto, y no obstante el reconocimiento legal de la DIA, el Ministerio de Economía y Finanzas ha dispuesto NO INCLUIR la DIA como pasivo del Estado en los Estados Financieros del Estado; y no incluye la Deuda en el Presupuesto de la República.

4.4.             El acatamiento de las sentencias judiciales que ordenan el pago de DIA, con cargo al presupuesto del Ministerio de Agricultura es una práctica orientada a ocultar información relativa a los pasivos del Estado.

4.5.             La información que el Estado peruano proporciona a las entidades financieras internacionales, es deliberadamente falseada.

5.       PERCEPCION DISTORSIONADA DE LA ECONOMIA PUBLICA PERUANA.

5.1.             Los gobernantes del Estado peruano entregan a las entidades financieras internacionales, información deliberadamente falseada respecto a las obligaciones que tiene que atender.

5.2.             El sistemático ocultamiento de la información relativa a la DIA, su exclusión de las cuentas nacionales y del Presupuesto de la República, ocasionan una percepción que sub valúa los pasivos del Estado Peruano.

5.3.             La calificación de riesgo de la Economía Pública peruana, calculada sobre la base de información falsa, será inevitablemente errada.

CODIGO CIVIL

Art. 969º: Hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas ideales a dos o más personas.

Art. 973º: Cualquiera de los copropietarios puede asumir la administración y emprender los trabajos para la explotación normal del bien, si no está establecida la administración convencional o judicial y mientras no sea solicitada alguna de ellas.

Art. 979º : Cualquier copropietario puede reivindicar el bien común. Asimismo, puede promover las acciones posesorias, los interdictos, las acciones de desahucio, aviso de despedida y las demás que determine la ley.

Art. 1176º : Cualquiera de los acreedores puede exigir a cualquiera de los deudores la ejecución total de la obligación indivisible. El deudor queda liberado pagando conjuntamente a todos los acreedores, o a alguno de ellos, si éste garantiza a los demás el reembolso de la parte que les corresponda en la obligación.

Art. 1177º : La indivisibilidad opera respecto de los herederos del acreedor o del deudor.

CODIGO PROCESAL CIVIL

Art. 65º: Existe un patrimonio autónomo cuando dos o más personas tienen un derecho o interés común respecto de un bien, sin constituir una persona jurídica.

La sociedad conyugal y otros patrimonios autónomos son representados por cualquiera de sus partícipes, si son demandantes.

EJECUTORIA

“…CUARTO: Que, el Art. 979º del CC otorga el derecho a todo copropietario a reivindicar el bien común, lo que significa que cualquiera de ellos no requiere para actuar de la intervención de sus copropietarios…”

El Ministro de Economía,  al tratar sobre la Deuda Agraria, contraviene la Ley, Desacata Sentencias del Tribunal Constitucional, alienta la incertidumbre jurídica y favorece los intereses de los especuladores.

·         El Tribunal Constitucional, en sentencias recaídas en los expedientes 022-96, 015-2001, 016-2001, 004-2002, 0009-2004; ha establecido la obligación del Estado de cancelar el valor actualizado de las prestaciones indemnizatorias derivadas de las expropiaciones por Reforma Agraria, más los intereses de ley; ha restablecido el derecho de los expropiados a acudir al Poder Judicial para exigir el pago de este valor y ha fijado las condiciones en las que el Estado debe acatar las sentencias judiciales de tales procesos. Sobre este legítimo derecho, no pesa incertidumbre jurídica alguna. El Ministro de Economía en sus declaraciones, ha manifestado su desacato a estas sentencias. 

·         El Estado peruano, en el DU 088-2000 y el DS 148-2001-EF, ha reconocido que las obligaciones indemnizatorias constituidas en los procesos judiciales de expropiación por  Reforma Agraria y representadas en los Bonos de la Deuda Agraria, se encuentran pendientes de pago. Ha reconocido además que el pago de estas obligaciones es condición para legalizar la titulación a nombre de los actuales posesionarios. En mérito a este reconocimiento de Estado, la Deuda Indemnizatoria Agraria no es materia de contradicción de intereses.  El Ministro de Economía en sus declaraciones, ha contravenido estas normas legales.

·         La Ley del Sistema Nacional de Endeudamiento Público, promulgada en julio del 2005, establece la obligación del MEF, de mantener un registro de la Deuda Pública a valor actualizado. Sin embargo de ello, a la fecha no cumple con registrar el valor actualizado de la Deuda Indemnizatoria Agraria, el Presupuesto de la República es aprobado sin consignar partida para atender su pago, y la Contaduría de la Nación no la registra como pasivo del Estado. El Ministro de Economía es el responsable de este desacato a la Ley.

·         El Ministro de Economía hizo estas afirmaciones en vísperas de anunciarse la calificación de Riesgo País por parte de dos evaluadoras internacionales; agravante que atribuimos a su compromiso de honrar exclusivamente la deuda que el Estado peruano tiene con los acreedores extranjeros, discriminando ilegal y arbitrariamente el pago de la Deuda a los peruanos.

·         Que el Ministro de Economía aproveche la realización de una Cumbre Presidencial para hacer estas afirmaciones, evidencia que las políticas de su portafolio no tienen consideración alguna por el Estado de Derecho; ni reparo alguno en hacerlas públicas en el marco de una cumbre destinada a afirmar los valores de la Democracia.

·         Es vil que algunos burócratas insistan en obligar a quienes fuimos confiscados hace 39 años, a tramitar un juicio para realizar un derecho respecto al cual no hay incertidumbre jurídica ni contradicción de intereses. Los únicos beneficiados con esta arbitrariedad son también los especuladores que aprovechan la incertidumbre política para comprar barato los bonos que mañana los burócratas pagarán al 100% del valor actualizado más intereses, en directo perjuicio del Tesoro Público.

Lima, 13 de mayo del 2008

ADAEPRA

Señor Doctor

JORGE DEL CASTILLO GALVEZ

Presidente del Consejo de Ministros: 

Las expresiones del ministro contravienen lo dispuesto en el Decreto de Urgencia 088-2000, el Decreto Supremo 148-2001-EF; y evidencia su desacato a las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los expedientes 022-96-I/TC, 015-2001-AI/TC, 016-2001-AI/TC, 004-2002-AI/TC, 0009-2004-AI/TC.

FERNANDO SABOGAL PEREZ

Lima, 13 de mayo del 2008.   

En el Decreto de Urgencia 088-2000, el Estado peruano reconoció que mantiene pendiente de pago las obligaciones contraídas en el proceso de Reforma Agraria, deuda que asciende a 11 mil millones de soles. Esta Deuda, no obstante su reconocimiento, no aparece en la Cuentas Nacionales, no aparece en el Presupuesto de la República, no está registrada como pasivo del Estado ni se hace provisión alguna para atender su pago.

Los burócratas gobernantes del Estado peruano reconocen una deuda pero no la registran en los Estados Financieros; comprometen el pago de una obligación pero no provisionan recurso alguno para hacerlo; niegan sistemáticamente la existencia de registros de los pasivos pendientes de pago; desacatan las órdenes judiciales que ordenan pagos a acreedores nacionales; incumplen los mandatos de registro de obligaciones dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Endeudamiento. El mismo tratamiento recibe la Deuda con los jubilados y una larga fila de proveedores.

A estos burócratas y a esta política elusiva, Fitch le concede el calificativo BBB en manejo de Deuda en moneda nacional. Y no debemos extrañarnos por ello. Nuestros ministros de economía han mantenido una invariable política de atención exclusiva a los acreedores extranjeros y permanente proscripción de los acreedores nacionales. El Tribunal Constitucionales, en sentencia de febrero del 2005, requirió al Congreso y al Poder Ejecutivo regular un tratamiento equitativo a la Deuda Externa y la Deuda Interna; requerimiento hasta hoy desatendido por los dos poderes del Estado.

Mientras los burócratas del Estado peruano mantengan la política de proscripción de los acreedores peruanos, las calificaciones de las centrales de riesgo deberemos entenderlas como exclusivamente dirigidas a los acreedores extranjeros.

1. El 10 de octubre del 2000, el Estado expide el Decreto de Urgencia 088-2000. En el considerando segundo de esta norma, el Estado textualmente reconoce: “Que, a la fecha se encuentra pendiente de solución el pago de deudas a favor de propietarios y ex propietarios que fueron afectados o expropiados durante el referido proceso de reforma agraria.”. Pruebo este hecho con la copia del Decreto que adjunto en Anexo 1-H

2. En el considerando tercero de la norma, el Estado textualmente reconoce: “Que, es conveniente dar solución a la situación existente y, en ese sentido, aprobar los mecanismo y establece las condiciones para acreditación, reconocimiento y pago de las mencionadas deudas, solución que adicionalmente, permitirá regularizar la situación de propiedad respecto a los actuales poseedores.”.

3. El 15 de julio del 2001, el Estado promulgó el Decreto Supremo No. 148-2001-EF, en el que expresamente reconoce:

• su obligación de pagar los bonos de la deuda agraria,

• su obligación de acatar la Sentencia del Tribunal Constitucional de marzo del 2001, y

• la necesidad de acopiar la información relativa a la Deuda.

Mediante este decreto dispuso la creación de una Comisión encargada del estudio de la Deuda. Pruebo este hecho con la copia de la publicación del Decreto que adjunto en anexo 1-I.

4. En el Decreto Supremo No. 148-2001-EF, considerando segundo, el Estado textualmente reconoce: “Que dentro de las obligaciones del Estado peruano se encuentra pendiente el pago de las contingencias derivadas del proceso de Reforma Agraria llevada a cabo por el Estado peruano al amparo de las disposiciones legales del derogado TUO del DL 17716, sus ampliatorias, modificatorias y conexas, y del Decreto Legislativo No. 653.”.

5. En los argumentos previamente expuestos queda probado que, por Ley vigente, el Decreto de Urgencia 088-2000, el Estado peruano reconoció el 10 de octubre del 2000, su obligación de cancelar las obligaciones derivadas de la Reforma Agraria. Este reconocimiento y el compromiso de pagar la Deuda Indemnizatoria Agraria fue reiterado enfáticamente en el Decreto Supremo 148-2001-EF, norma legal refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas. El Congreso de la República, por su parte, en el Proyecto de Ley aprobado en marzo del 2006, coincidió plenamente con este reconocimiento.

6. En mérito al expreso reconocimiento de la obligación contenido en norma legal vigente, al caso es aplicable la causal de interrupción del plazo prescriptorio tipificada en el numeral 1 del Artículo 1996º del Código Civil.

7. La Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia, Exp. 5219-2005, Resolución Número 3, ha establecido inequívocamente que el reconocimiento de la Deuda por parte del Estado es incompatible con cualquier voluntad de acogerse al plazo prescriptorio y, en consecuencia, está franqueado el derecho de los bonistas a ejercitar judicialmente las acciones para cobrar las indemnizaciones pendientes de pago.

ADAEPRA, 7 de marzo del 2007